“Llevamos pacientes, no bacalao. Al llevar las furgonetas [adaptadas como ambulancias] su suspensión con ballestas y no amortiguadores, tengo que sedar a los pacientes con lesiones medulares para que así aguanten los baches del trayecto porque se mueren de los dolores”.
El testimonio de una médica extremeña que pide el anonimato ilustra la precariedad que afecta al transporte sanitario en varias comunidades autónomas. El problema es de partida. Cuando estalló la crisis, las empresas, con gran dependencia de las Administraciones, comenzaron a tirar sus ofertas a la baja para lograr los contratos con pliegos también a la baja. Y esas rebajas inéditas han traído consecuencias para los pacientes, que sufren en ocasiones traslados preñados de calamidades, y también para los conductores y técnicos empleados, miles de ellos con contratos en prácticas pese a atesorar años de experiencia. El pasado sábado arrancó la huelga de los conductores de ambulancias en Galicia, donde ardió un vehículo, y en los próximos días los trabajadores del servicio en Álava decidirán si van a la huelga por el “deplorable” estado de las ambulancias, denuncian los sindicatos.
El estado crítico del servicio tras tanto recorte en el gasto público sanitario se acusa también en comunidades como Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura o Cantabria. La tijera no solo ha mermado las condiciones de sus 30.000 empleados en todo el país, conductores pero a la vez técnicos sanitarios formados para ayudar a médicos y enfermeros. “Tengo un hijo con una discapacidad del 91% y he llegado a esperar hasta seis horas a la ambulancia colectiva que recorre hospitales por todo Madrid”, cuenta con hartazgo Encarna Muñoz, vecina de Yunquera de Henares (Guadalajara). El Gobierno manchego defiende la calidad del servicio y se apoya en que un 98,4% de los usuarios encuestados considera el servicio prestado como “bueno o aceptable”, mientras que solo un 1,6% lo califica de “malo”.
A pesar de que los problemas hace años que afectan a los usuarios —retrasos, incomodidades, peligros potenciales por mal equipamiento—, el Gobierno de Baleares ha sido el único que la primavera pasada revirtió el modelo de concesión a empresas privadas y creó una empresa pública con 60 vehículos y 304 empleados para controlar la calidad de la asistencia a los enfermos programados.