El Ayuntamiento de Barcelona presentó ayer un proyecto para limitar la apertura de nuevas casas de apuestas deportivas en la ciudad. Es el primer consistorio que lo hace en España, donde la regulación de estos locales corresponde a las comunidades autónomas. La iniciativa busca, según reconoció el Ayuntamiento, “sacudir” a los Gobiernos central y autonómico y alertar sobre los riesgos del juego para la salud, una adicción que atrapa a gente cada vez más joven.
Marcos —nombre ficticio— vive en Málaga, tiene 22 años y es ludópata. Apostó por primera vez con 15 a través de Internet. Luego empezó a entrar en las casas de apuestas. “Al principio solo a mirar”, cuenta su madre María. “Veía a los jugadores como gente rara, luego se percató de que los demás lo observaban con la misma mirada: había pasado al otro lado”. María y su hijo, que lleva nueve meses en terapia, asistieron con sorpresa el día 9 a la negativa –gracias a los votos de PP, Ciudadanos y Vox—, a considerar una proposición de Ley —impulsada por el PSOE y apoyada por Adelante Andalucía—, para prevenir el juego patológico.
La propuesta del PSOE andaluz no difiere de las iniciativas legislativas que sí han puesto en marcha, o que están preparando, otras comunidades autónomas que buscan, en el ámbito de sus competencias, endurecer la regulación para atajar el peligro que la proliferación de las casas de apuestas –la mayoría en barrios obreros y marginales de las ciudades españolas– y el juego online presenta especialmente para los más jóvenes. La encuesta EDADES 2017-2018 que elabora el Plan Nacional de Drogas establece la edad media de inicio en jugadores con problemas en los 19 años, pero el 44,8% de las personas que presenta alguna patología relacionada con el juego reconoce haber jugado antes de los 18 años, según el informe.
La norma que regula el juego a nivel estatal es de 2011. El Gobierno central es competente para legislar sobre el juego por Internet y en las loterías y demás juegos organizados por Loterías y Apuestas del Estado y la ONCE.