Las niñas, los niños y adolescentes tienen derecho a vivir libres de violencia. La protección contra toda forma de violencia, maltrato y abuso constituye un acuerdo básico en todas las sociedades y, además, un derecho fundamental garantizado por la Convención sobre los Derechos del Niño y otras normas internacionales de derechos humanos.

Niñas y niños se enfrentan constantemente a situaciones de violencia en su vida cotidiana en el hogar, la escuela, la comunidad y las redes sociales. La violencia es ejercida de diversas maneras, ya sea física, emocional o sexual. La realidad muestra que puede ser cometida por cualquier persona, incluso por aquellas de su mayor confianza y cercanía, como miembros de sus familias, cuidadores, maestros, amigos o por las propias instituciones que son designadas para proveerles cuidados especiales.

Los datos evidencian que algunas formas específicas de violencia, como las asociadas a la crianza, se encuentran naturalizadas o justificadas: pese a que el 96% de los adultos manifiesta que chicas y chicos no deben ser castigados física­mente, el 70% de los hogares utiliza métodos de crianza violenta como agresiones verbales y castigo físico, según la Encuesta sobre Condiciones de Vida de Niñez y Adolescencia (ECOVNA) de 2012. Otras, como el abuso sexual, son frecuentemente silenciadas y ocultadas, lo que dificulta su detección y denuncia ante las autoridades, e impide que niñas y niños reciban tratamiento, protección y accedan a la justicia. Esta invisibilización además consolida la impunidad de los perpetradores.

Actualmente, casi la mitad de las niñas y los niños de Argentina viven en condiciones de pobreza. Es un problema es­tructural, pero erradicable

Los Estados deben adoptar mecanismos específicos y brindar herramientas a las familias y a los operadores de niñez destinadas a sensibilizar sobre la problemática de la violencia y promover entornos protectores para prevenir y proteger a niñas y niños. Esta obligación está contenida en la Convención sobre los Derechos del Niño a la que el país adhirió y le otorgó rango constitucional.

Sin embargo, en épocas de crisis económica se observa en muchas ocasiones que las políticas públicas de prevención de la violencia y restitución de derechos no son consideradas prioritarias y se ceden recursos para otro tipo de programas,

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