Cuando el usuario está hastiado de escuchar la palabracopago, que se va aplicando cada vez a más servicios sociales, educativos y sanitarios, llega un nuevo término bastante más pernicioso que el anterior, el reintegro de gastos. Es decir, aunque al usuario le corresponda legalmente aportar un 10, 40 o 50 % del producto que adquiera, en un primer momento debe pagarlo íntegramente y ya la Administración le devolverá la cantidad correspondiente.
El reintegro de gastos reducirá la partida que el Sergas destina al material ortoprotésico en Galicia, unos 8,8 millones de euros al año, más de lo que ya lo hará la introducción del copago al que obliga el Ministerio de Sanidad. Y lo hará por varios motivos no siempre solidarios. Primero, porque los fondos estarán más tiempo en las arcas públicas. Segundo, porque habrá usuarios, los menos, que renuncien al reintegro en los productos menos costosos. Por ejemplo, si un andador cuesta 77 euros y la aportación del usuario es del 50 %, un paciente sin problemas económicos puede renunciar a estos 38,5 euros que le corresponderían por no tramitar la devolución. Y tercero, porque habrá pacientes con dificultades económicas que simplemente no podrán adelantar el dinero.
Trasladar a las ortopedias la decisión de que utilicen el sistema de endoso para evitar el desembolso no es el rol de una Administración, que es la que debe velar por los colectivos más desfavorecidos. El modelo actual de prestación ortoprotésica no es café para todos. Establece un coste de 30 euros para aquellos productos que no sean prótesis o sillas de ruedas, cuya necesidad es bastante incuestionable. Puede modificarse este tope en base a la renta para ser más solidarios, pero obligar a un adelanto no es un postura social. Prácticamente todas las comunidades trabajan con el reintegro de gastos, sí. Galicia lo estaba haciendo mejor. No siempre la mayoría opta por la mejor solución. Al igual que hizo con los fármacos, el Sergas debiera pensar en fórmulas que eviten un modelo antisocial.
