Una niña de 12 años llegó el viernes pasado a un hospital de Jujuy, en el norte de Argentina, aquejada de un fuerte dolor abdominal. Los médicos detectaron que cursaba un embarazo de 24 semanas y la menor denunció que había sido violada por un vecino de 60 años que la amenazó con matarla si hablaba. Ella y su madre solicitaron que se le realizase un aborto, contemplado por la ley, pero los médicos la derivaron a otro hospital, la mantuvieron varios días internada y este viernes le realizaron una cesárea. El hospital informó de que tanto ella como la recién nacida están bien. El caso ha dividido al país sudamericano entre quienes denuncian que se ha incumplido su derecho a la interrupción voluntaria al embarazo y quienes felicitan al hospital por haber “salvado la vida de un inocente”.
“Cualquier embarazo en una niña menor de 13 es producto de abuso sexual y puede acceder a una interrupción legal del embarazo”, dice el protocolo para la atención del embarazo en adolescentes del Gobierno de Jujuy y de la ONG Unicef. El texto no fija un límite temporal para que la niña embarazada pierda ese derecho.
Jujuy es una de las provincias argentinas con mayor porcentaje de embarazos adolescentes: dos de cada diez. Es también una de las más conservadoras, al igual que el resto del norte del país, donde la Iglesia católica conserva un peso importante. El año pasado, cuando el Congreso votó una ley que proponía legalizar el aborto hasta la duodécima semana de gestación, tres de los cinco diputados jujeños y sus tres senadores se pronunciaron en contra. Tras cinco meses de debate, la normativa fue rechazada por la Cámara alta.
Un grupo de organizaciones contrarias al aborto presentaron a principios de semana un recurso de habeas corpus para evitar el aborto, pero éste fue rechazado. La violación es uno de los supuestos en los que el aborto es legal en Argentina desde hace casi un siglo.