Purdue Pharma, la compañía que comercizaliza OxyContin, llega a un pacto extrajudial con el Estado de Oklamoha por el que va a desembolsar 270 millones de dólares (239 millones de euros) para compensarle por la devastación provocada por su controvertido analgésico. La oxicodona se considera un precusor de la epidemia de opiáceos que sufre Estados Unidos. Es el primer litigio que se resuelve en una avalancha que se extiende por todo el país. En las últimas semanas se especuló con que la farmacéutica podría declararse en suspensión de pagos por el fardo financiero.
Más de 47.600 estadounidenses murieron por sobredosis de opiáceos en 2017, según el Centro para el Control de Enfermedades (CDC). De ese total, 14.500 se atribuyen a medicamentos para combatir el dolor. Purdue Pharma es el principal vendedor de analgésicos. El OxyContin, mucho más potente que la morfina, llegó al mercado en 1996. Utilizó como reclamo que una dosis era suficiente para vivir 12 horas sin dolor, el doble que con un genérico.
El pacto se anuncia dos meses antes de que comience el primer gran juicio contra Purdue Pharma en Oklahoma, acusada de haber alimentado el abuso de opiáceos con campañas engañosas que exageraban las virtudes del medicamento. El fiscal Mike Hunter reclamaba una compensación de 25 millones. También demandó a Johnson & Johnson y Teva Pharmaceuticals. La mayor parte del dinero se destinará a programas de investigación, educación, investigación y tratamiento.
Este pacto, en cualquier caso, es solo el primero. Las farmacéuticas hacen frente a un aluvión de demandas por parte de una coalición de 1.600 municipios, desde localidades rurales a grandes ciudades como Nueva York, Chicago o Los Ángeles, y 37 Estados que desde 2017 acusan a la compañía de Stamford (Connecticut) de estar drenando sus cuentas públicas por el dinero que deben destinar a tratamientos y políticas de prevención de la adicción.
La masa de demandas pendientes es comparable a la guerra contra las tabaqueras. Paul Hanly, uno de los abogados más veteranos en este frente legal, considera “vital” que las compañías farmacéuticas “se responsabilicen del papel que desempeñan en la epidemia”.