Una de las cinco personas que se hicieron un TAC en 2018 en el hospital Gregorio Marañón y fueron infectados de hepatitis C ha presentado una reclamación patrimonial ante la sanidad pública madrileña en la que le exige 100.000 euros «por daños morales». El escrito, presentado el pasado 8 de mayo y al que ha tenido acceso EL PAÍS, señala que estos daños «son consecuencia de la deficiente asistencia sanitaria imputable al Servicio Madrileño de Salud [Sermas]«. Un portavoz de la Consejería de Sanidad responde que la reclamación se estudiará.

El caso, que adelantó EL PAÍS, ocurrió el 11 de mayo de 2018 en el Gregorio Marañón de Madrid, cuando cinco pacientes que se realizaron un TAC -un método de exploración radiológica- con contraste se contagiaron de hepatitis C. Unos meses después, en noviembre, dos de los pacientes presentaban síntomas de infección y les fue diagnosticada la citada enfermedad vírica. El hospital puso en marcha el protocolo epidemiológico para comprobar el alcance del contagio y se detectaron tres casos más. Las cinco personas recibieron luego tratamientos antivirales cuya eficacia es del 98%.

El periodo de tiempo transcurrido entre el incidente y la constatación del contagio fue lo que más escandalizó a María (nombre ficticio), una de las cinco pacientes afectadas. “¿Por qué no se han dado cuenta en seis meses? Esa es mi pregunta. Los errores humanos pueden ocurrir, pero seis meses de error humano me parece una bestialidad”, señaló en una entrevista con este periódico.

Ahora, el abogado de esta mujer ha presentado una reclamación patrimonial ante el Servicio Madrileño de saludo en la que le exige 100.000 euros: «Es, de todo punto evidente, que ha existido una muy mala praxis en el procedimiento del TAC en el hospital Gregorio Marañón», señala el documento de 10 páginas presentado ante la sanidad madrileña. Según el escrito, «los daños morales son muy difíciles de cuantificar» ya que «escapan por su naturaleza a toda objetivación mensurable económicamente». Además, «los daños morales reclamados son consecuencia de la deficiente asistencia sanitaria imputable al Servicio Madrileño de Salud».

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