Vincent Lambert podría seguir recibiendo por tiempo indefinido los cuidados médicos que lo mantienen con vida pese a que lleva en estado vegetativo más de una década, pese a que varios comités de expertos han declarado su estado irreversible y hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha dado vía libre a que sea desconectado, como pide su mujer y tutora legal, así como una parte de su familia más inmediata. El freno a un potencial proceso de eutanasia pasiva al enfermero francés que se ha convertido en un símbolo del debate sobre el derecho a morir dignamente en Francia lo ha puesto un comité de Naciones Unidas.
En un último intento de impedir la desconexión de su hijo, avalada en abril por el Consejo de Estado francés, los padres de Vincent Lambert acudieron a finales del mes pasado no solo al tribunal de Estrasburgo, sino también al Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad de la ONU.
Mientras el TEDH rechazó la semana pasada analizar el caso y de este modo aceptó implícitamente la decisión del Consejo de Estado avalando la desconexión de Lambert, confirmada previamente también por varios tribunales franceses, la instancia de la ONU sí ha decidido estudiar el expediente.
Según los abogados de los padres de Lambert, el comité de Naciones Unidas ha pedido a Francia que detenga cualquier proceso mientras analiza el fondo del caso. Una decisión que, aunque no sea definitiva, supone de facto una victoria para la parte de la familia que se opone a la desconexión de Lambert, ya que sea cual sea el veredicto final, este podría demorarse bastante y, mientras tanto, el paciente debería seguir siendo mantenido con vida, tal como desean sus padres y parte de sus hermanos.
“El proceso durará varios años”, dijo a este diario Jérôme Triomphe, uno de los abogados de los padres de Lambert al confirmar la decisión del comité de la ONU, que solo ha sido comunicada a las partes.
Francia ratificó en 2010 tanto la Convención de Derechos de Personas con Discapacidades como el Protocolo Opcional que “reconoce la competencia del Comité para recibir y considerar comunicaciones de individuos que se hallen bajo la jurisdicción de ese Estado y que aleguen ser víctimas de una violación,