Por cada ciudadano de la Unión Europea, se genera aproximadamente una tonelada de escombros al año. En España es aún más, según documentos públicos del Gobierno: los residuos de obra y demolición suponen un 40% de todos los desechos, entre 10 y 15 puntos más que la media europea. Pero mientras los españoles, lentamente, asumen su responsabilidad de reducir y reciclar basura doméstica, el enorme sector de la construcción todavía no ha abrazado los principios de la economía circular. Cascotes, ladrillos, marcos de puertas, tuberías, vigas, cables… Los residuos rebosan en vertederos, normalmente ilegales, por todo el país.
Francia, que aborda estos días un ambicioso plan de economía circular, también ha mostrado su preocupación por los residuos de construcción y demolición (RDC). Lo definió la secretaria de Estado de Transición Energética y alma del proyecto, Brune Poirson: “Solo en moqueta no usada se tira al año el equivalente a un rollo que podría cubrir la ruta de Lille a Marsella”, unos 1.000 kilómetros.
Esta tragedia económica y medioambiental es evitable, porque los principales restos de obra —hormigón, materiales cerámicos y aglomerado asfáltico— son “de los pocos residuos que se pueden reciclar infinitamente”. Así lo afirma el ingeniero Pablo Pérez, director técnico del Grupo de Interés Áridos Reciclados de RCD, que engloba a las empresas dedicadas a valorizar escombros en Andalucía, Galicia y Madrid. Parte del problema es que en España “no hay cultura” de separar los residuos en la obra o de realizar demoliciones selectivas. La alternativa más fácil y más barata, verter desechos mezclados, es ilegal pero suele salir impune.
Expediente de infracción
Desde el año 2008, un real decreto exige el tratamiento de todos los desperdicios de obra por gestores autorizados, empresas que deben priorizar el reciclaje y recurrir a los vertederos solo en última instancia. “Eso se cumple en todos los tipos de residuos excepto en los de construcción”, denuncia Benito García, portavoz del Grupo de Interés Áridos Reciclados de RCD. Fuentes del Ministerio de Transición Ecológica confirman que España tiene abierto un expediente europeo de infracción por incumplir la Directiva Marco de Residuos,