Los resultados no han sido ninguna sorpresa. Es más, cuando los especialistas del Instituto de Salud Carlos III y del Centro Nacional de Epidemiología empezaron a diseñar en abril el Estudio Nacional Sero-Epidemiológico sobre el coronavirus lo hicieron sobre la premisa de que solo el 5% de la población española iba a tener anticuerpos. Y lo clavaron, porque los análisis han revelado que la inmunidad en el país se mueve entre el 4,7 y 5,4%.
Pero el estudio, más allá de constatar que España en su conjunto está muy lejos de la inmunidad de rebaño que otorga tener un 60% de la población con anticuerpos, revela otros datos no demasiado alentadores que están ya siendo analizados por los expertos que asesoran a Moncloa en la desescalada. Y es que la letra pequeña del ENE-COVID deja al descubierto que las vulnerabilidades al virus se extienden, no solo por todos los territorios, sino por todos los grupos de edad, los sexos o las profesiones. Y todo ello con independencia del tamaño del municipio en el que se viva. En resumidas cuentas –explican en Sanidad- ningún grupo poblacional de los analizados en este estudio, por muy pequeño o específico que sea, llega al 15% de individuos con anticuerpos IgG anti SARS-Cov2. Un porcentaje que, aun así, sería la cuarta parte del necesario para la inmunidad grupal.
Los porcentajes máximos de los grupos o zonas estudiados diluyen cualquier esperanza de que fiar a esa ‘inmunidad de rebaño’ la respuesta a un posible rebrote: el grupo de edad con más anticuerpos es el que va de 70 a 79 años pero no llega a 7% de sus miembros; solo el 5,3% de los trabajadores ‘esenciales’ que han seguido en el ‘tajo’ a pesar del confinamiento ha desarrollado la inmunidad; el grado de inmunidad entre los sanitarios es parecido al de la población general; en la grandes ciudades de más de 100.000 habitantes,