Nunca antes en la historia democrática reciente de España alguien, más allá de los presidentes del Gobierno, había tenido tanto poder. Ni siquiera los vicepresidentes de más renombre de los últimos cuarenta años habían acumulado tanta responsabilidad a sus espaldas. Pedro Sánchez no ha elegido a ninguno de sus cuatro vicepresidentes para liderar y coordinar la batalla contra el COVID-19, sino a un ministro sin carnet de ninguno de los dos partidos que forman el Ejecutivo: Fernando Grande-Marlaska, titular del Ministerio del Interior.
El decreto que detalla la aplicación del estado de alarma para hacer frente a la pandemia convierte a Grande-Marlaska, de ‘facto’ en el número 2 del Ejecutivo mientras dure el actual estado de emergencia, según admiten los responsables de Moncloa.
El ministro del Interior no solo pasa a ser el miembro del Gobierno con más funcionarios a su cargo de todo el país, sino que tendrá mando sobre los trabajadores de la administración de los sectores más delicados para la seguridad nacional, exceptuando los sanitarios.
A partir del lunes, Grande-Marlaska ordenará sobre más de 400.000 funcionarios: los 169.000 adscritos a Interior (entre ellos policías nacionales, guardias civiles y efectivos de Protección Civil), los 132.000 miembros de las Fuerzas Armadas; los 17.000 mossos, los más de 8.000 ertzaintzas, los cerca de 1.000 forales navarros y los casi 70.000 policías locales de toda España.
Nunca antes –ni siquiera en la época de los ministerios de Gobernación franquistas- un ministerio había controlado tan importante número de funcionarios de sectores tan estratégicos.
«155 encubierto»
Aunque el real decreto reparte, en teoría, funciones entre otros tres ministerios además de Interior (Defensa, Transportes y Sanidad), el texto reserva a Marlaska la labor de coordinación de las cuestiones más delicadas de seguridad nacional. Y sobre todo, deja claro que las policías autonómicas «quedan bajo las ordenes directas del titular del Ministerio del Interior»,