Por la puerta de atrás, de forma urgente, sorteando al Parlamento, usando un decreto que nada tiene que ver y alegando unas razones de extrema urgencia que no se justifican por ningún sitio. Pedro Sánchez ha blindado la presencia de Pablo Iglesias en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia introduciendo con calzador una reforma exprés de la Ley Reguladora del Centro Nacional de Inteligencia de 2002 en el real decreto-ley de «medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19», que aprobó el martes el Consejo de Ministros y que hoy ha entrado en vigor con su publicación en el BOE.
La modificación exprés figura en la disposición final segunda del decreto de medidas económicas. En ese apartado se establece la reforma de la ley que regula los servicios secretos españoles para cambiar la comisión que controla el CNI. La nueva regulación abre la puerta a la presencia en ese órgano a todos «los vicepresidentes designados por el presidente del Gobierno», cuando hasta ahora la normativa establecía expresamente que en este órgano solo podía haber un vicepresidente del Ejecutivo, quien además presidía la comisión. Este puesto hasta ahora lo había ocupado la vicepresidenta primera, Carmen Calvo.
Este cambio normativo está hecho ex profeso para blindar la asistencia de Iglesias a este órgano, ya no era indispensable, puesto que la ley ya establecía que podían «ser convocados a las reuniones de la comisión los titulares de aquellos otros órganos superiores y directivos de la Administración General del Estado que se estime conveniente».
«Extraordinario y urgente»
En la exposición de motivos, el Ejecutivo de Sánchez justifica haber sorteado el trámite legislativo preceptivo para reformar la ley de los servicios secretos porque se trata de medidas de urgencia extrema para poder luchar de forma más efectiva contra la pandemia.
«Las modificaciones de la Ley Reguladora del Centro Nacional de Inteligencia y de la Ley de la Ciencia,