El Ayuntamiento de Cruïlles (Baix Empordà) y entidades ecologistas rechazaron ayer el plan de la Generalitat de vaciado del vertedero de las tierras de Vacamorta, en el término municipal. Consideran que la zona tendría que quedar como estaba antes del año 2000, y no solo vaciar los residuos vertidos hasta 2003, como plantea la Generalitat. El Departamento de Territorio asegura que está analizando las aportaciones del Consistorio y ha convocado una comisión de seguimiento para el 25 de abril.
El proyecto de Vacamorta ha sido declarado ilegal en varias ocasiones en los tribunales. Tras un periplo judicial, y numerosos cierres temporales, la Generalitat ordenó su clausura definitiva en 2014, tras una sentencia firme del Tribunal Supremo. En 2015 se dio un plazo de dos años y medio para el cierre. Superado este tiempo de largo, Territorio ha pedido una nueva prórroga.
El alcalde de Cruïlles, Salvi Casas (Avenç-AM), ha reclamado al Govern que haga un análisis “real” de los 2,9 millones de toneladas de deshechos y tierras contaminadas. Considera que las alternativas que presenta la Generalitat no tienen base científica. La Plataforma Alternativa al Vertedero de Cruïlles (PAAC) y el Centro de Ecología y Proyectos Alternativos (CEPA-EdC) apoyan esta versión. Consideran que tanto como la empresa como el Govern tienen que asumir el gasto del desmantelamiento.
El portavoz de CEPA-EdC Josep Lluís Moner ha recordado a la Generalitat que “hacer las cosas mal” ahora le representa casi 160 millones de euros. Una de las posibilidades que contempla el Govern es el traslado d el material al vertedero de Riba-roja d’Ebre, o una parte al de Tivissa.