El Ministerio de Sanidad va a dejar de financiar con fondos públicos los fármacos sysadoa para pacientes con artrosis, debido a que «la evidencia científica existente es controvertida». «Además, las guías internacionales de mayor prestigio y calidad metodológica de elaboración no los recomiendan«, han justificado fuentes ministeriales a Europa Press.
En cambio, asociaciones de pacientes con artrosis han pedido este jueves que el Ministerio no retire la financiación pública de los sysadoa, ya que defienden que es su «única alternativa». «Su desfinanciación dejaría un vacío terapéutico no sustituible para los pacientes», ha denunciado en rueda de prensa el CEO de la Osteoarthritis Foundation International (OAFI), Josep Vergés Milano.
«Supondría, además, un impacto muy negativo, dado que aumentaría el consumo de analgésicos, antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) u opiáceos, con el consiguiente aumento de efectos adversos, hospitalizaciones, bajas laborales y posiblemente más prótesis. Todo ello conllevaría a un grave empeoramiento de la calidad de vida de los pacientes con artrosis, y un aumento directo del gasto sanitario, todo lo contrario de lo que la medida pretende», han asegurado.
Pero desde el Ministerio confirman que en el mes de noviembre se iniciaron los trámites para que estos medicamentos dejen de formar parte de la financiación pública. Pese a que no precisan cuándo se dejarán de pagar en concreto, apuntan que «es un proceso que lleva tiempo». En cualquier caso, puntualizan que «esto no implica que desaparezca de las farmacias«, solo que no se va a costear desde el Estado, por lo que los pacientes que deseen tomarlos podrán comprarlos si pagan su precio total.
Por otra parte, argumentan que los sysadoa en otros países «son considerados suplementos alimenticios o medicamentos sin prescripción médica, por lo que se publicitan». «Esto último es motivo de exclusión en España», recuerdan. De hecho, aunque en España están actualmente financiados, en otros países se ha llevado a cabo su retirada de la financiación pública o directamente no están financiados, como por ejemplo en Francia, Austria, Bélgica, Dinamarca, Eslovenia, Eslovaquia, Irlanda, Islandia, Lituania, Noruega, Países Bajos o Malta.
«Todas las comunidades autónomas han realizado múltiples intervenciones informativas sobre estos medicamentos para no fomentar su prescripción e incluso para desprescribirlos en los pacientes en los que estaban prescritos, lo que denota la no necesidad sanitaria de que estén financiados. Por ejemplo, País Vasco,