Puede que no se imaginara el eco, nacional y hasta internacional, que su acción iba a tener, pero cuando Isabelle Dugelet colgó en el muro de anuncios de la alcaldía de La Gresle el último decreto que venía de firmar como alcaldesa, sabía que no pasaría desapercibido. Al fin y al cabo, no es habitual que se prohíba a los vecinos “morirse en su domicilio sobre territorio comunal los sábados, domingos y festivos”, como ordenó el 6 de diciembre la regidora de esta localidad de 830 habitantes a 80 kilómetros de Lyon (Francia).
Un día más tarde, y eso que aún solo había sido noticia en la prensa local, añadía una explicación en la web de la municipalidad sobre su “decreto provocador”, como ella misma lo describe. Tras él, escribió la regidora independiente, “se esconde la gran angustia de muchos habitantes por la situación médica de la zona (…) Muchos no tienen ya un médico de cabecera y apenas consiguen tratamiento, mientras se les penaliza económicamente (no reciben los reembolsos habituales) por saltarse el sistema” y acudir directamente a un médico especializado en vez de ser dirigidos por el generalista (que no tienen).
Para buena parte de los habitantes de zonas rurales del país, esto no es una sorpresa. Es lo que se llama en Francia “desiertos médicos”, zonas donde no hay suficientes doctores para atender a toda la población. Actualmente, ocho millones de franceses viven en un “desierto médico”, lo que significa que no pueden consultar más de dos veces al año a un médico de cabecera por encontrarse este demasiado lejos de su domicilio. Y el 4,4% de la población francesa reside a más de 45 minutos de un pediatra, oftalmólogo, ginecólogo o psiquiatra, denunciaba el pasado mayo el dominical Journal du Dimanche.
La gota que colmó la paciencia de Dugelet fue lo que le sucedió el domingo 1 de diciembre. Era mediodía y fue avisada de que había fallecido una persona en la residencia de ancianos local. Tardaron dos horas y media en encontrar a un médico que pudiera constatar su muerte,