El embarazo de una niña de 12 años que había sido violada por un vecino de 60 se ha convertido en el centro de una disputa nacional en Argentina. El pasado 12 de enero, la menor y su madre pidieron un aborto, amparadas en que la violación es uno de los supuestos legales para interrumpir el embarazo en Argentina, pero los médicos y las autoridades provinciales se lo negaron debido a su avanzado estado de gestación, 24 semanas. Grupos antiabortistas se concentraron a las puertas del hospital contra lo que consideraban “el asesinato de un inocente”. Colectivos feministas exigieron que se respetase la ley y la voluntad de la menor. Finalmente, el 18 de enero a la niña le practicaron una cesárea para salvar a la bebé, que iba a ser dada en adopción. El gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales, anunció que “una familia importante” estaba dispuesta a criarla como su hija. Anoche, el hospital anunció que la recién nacida había muerto.
La noticia de la muerte ha vuelto a reabrir hoy la pelea. “La política de ‘salvemos las dos vidas’ termina con una niña de 12 años torturada al ser obligada a parir y una bebé muerta. Necesitamos que se cumpla la Interrupción Legal del Embarazo, necesitamos aborto legal y que se respeten nuestras vidas”, ha escrito en Twitter la Coordinadora del Observatorio de Géneros y Políticas Públicas Victoria Freire junto al hashtag #AbortoLegalEsVida. La Campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito, la agrupación que impulsó este debate en el Congreso en 2018, exige la dimisión del ministro de Salud de Jujuy, Gustavo Bouhid, “por violar la intimidad de la niña, no respetar su decisión a una interrupción legal del embarazo, y por prolongar el sufrimiento de ella y la recién nacida”.
Los antiabortistas critican al gobernador Morales por no haber obligado a la menor a permanecer un mes más embarazada y así garantizar la viabilidad del feto.