Una lectura a la encuesta sobre las Opiniones y actitudes fiscales de los españoles en 2017 arroja un panorama desolador para las autoridades públicas. “La mayoría de los encuestados considera que prácticamente toda la oferta pública está deficientemente gestionada”, señala en sus conclusiones. El paisaje que refleja la consulta, que elabora y publica cada año el Instituto de Estudios Fiscales (IEF), muestra un país donde sus ciudadanos confían poco en sus políticos. En general, creen que pagan muchos impuestos para los servicios que reciben y que el fraude fiscal está generalizado en España, pese a que nadie confiesa cometerlo.
Pero al desentrañar los detalles de la encuesta afloran algunas luces. La mayoría de los encuestados cree que la sanidad es el servicio público que más justifica el pago de los impuestos. Los ciudadanos preguntados por el IEF advierten que también es el servicio que presenta más margen de mejora. El 93% de los hogares españoles recurrió a servicios sanitarios durante el año pasado, el servicio público más demandado con diferencia. Le siguen las infraestructuras (el 87%), y los transportes (75%), que han aumentado su uso en los últimos tres años. La educación, colegios, institutos y universidades solo fueron utilizados por un 46% de las familias.
Respecto al grado de satisfacción de los usuarios, “la sanidad, las infraestructuras, los transportes y la educación son los que obtienen los índices más altos”, señala el informe. El 67% de los usuarios están bastante satisfechos por el servicio sanitario que reciben. El mismo índice se indica para las infraestructuras y similar para los transportes y la educación.
En resumen, aunque los españoles creen que los servicios públicos están mal gestionados confían en el Estado de bienestar que ofrecen los poderes públicos. Pese a todo, más de la mitad de los entrevistados (el 65,3%) cree que la oferta pública de servicios y prestaciones públicas no ha mejorado en los últimos cinco años o, incluso, ha empeorado.
Otro de los asuntos que analiza la encuesta es si los impuestos que pagan los ciudadanos están justificados por el nivel de servicios y prestaciones públicas.