Un accidente como el que sufrió Vicent Lambert cuando tenía 31 años le puede suceder a cualquiera. Como también puede suceder que una enfermedad neurodegenerativa nos prive de la capacidad de decidir. La Ley de Autonomía del Paciente vigente en España desde 2002 consagra el derecho del enfermo a rechazar cualquier tratamiento. Pero para ello tiene que tener plena capacidad para expresar su voluntad. Cuando un paciente entra en estado vegetativo, serán los demás quienes decidan por él a no ser que haya dejado por escrito cuál es su preferencia para esa situación.
El triste y enconado litigio que mantienen la esposa y una parte de la familia de Lambert por un lado, y sus padres, fervientes católicos, por otro, muestra hasta qué punto la vida de una persona puede quedar prisionera de las convicciones de los demás. La esposa de Lambert, que tiene la custodia legal del enfermo, intenta que le sea retirada la hidratación y la alimentación artificial para que pueda morir en paz. Para esa decisión cuenta con el apoyo de los médicos, que han certificado el estado irreversible del coma, y el amparo tanto del Consejo de Estado francés como del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que en 2015 reconoció que la retirada de los soportes vitales no contraviene el artículo 2 del Convenio de Derechos Humanos.
Pero cada vez que se ha intentado dar el paso, los padres han pleiteado para evitarlo. Sostienen que su hijo no es un enfermo terminal y que retirarle los soportes vitales viene a ser como una condena a muerte. La esposa, en cambio, lucha para que no sea condenado a vivir una vida vegetativa que él hubiera considerado indigna.
La retirada de los soportes vitales está aceptada como una buena práctica clínica en el caso de enfermos incurables en fase terminal. En esas situaciones, se considera que mantener el respirador o la alimentación parenteral lo único que hace es prolongar la agonía. Mantener la vida en esas condiciones es encarnizamiento terapéutico. Pero si, como en el caso de Lambert,