La irrupción policial en 17 clínicas odontológicas de iDental en agosto constituyó el prólogo de una muerte anunciada. Tras meses de impagos a trabajadores, denuncias de pacientes y el cierre de los establecimientos al público —además de una investigación de detectives privados que desveló una amplia red empresarial—, la Audiencia Nacional puso con esa macrooperación punto final a una trama sobre la que los tribunales estrechan ahora el cerco. Medio año después de estallar el escándalo, el magistrado José de la Mata avanza con la instrucción general por estafa y blanqueo de capitales, que este martes permitió la detención de los fundadores de la compañía; un juzgado de Gijón ya la ha declarado en rebeldía y la ha condenado por negligencia; y en los juzgados de lo Social sigue la batalla de los empleados que se quedaron en la calle.
Beatriz Sanz, de 30 años, fue una de ellas. Cuenta que desde enero de 2016 trabajaba en la sede central de iDental, en Rivas Vaciamadrid (Madrid), como coordinadora del call center de atención al cliente y con un salario base de 1.082 euros. El 11 de junio de 2018, apenas dos meses antes de que todo saltara por los aires, recibió el breve comunicado de la empresa: no debía volver. “Fue de un día para otro”, recalca esta graduada en Magisterio, solo unas semanas después de tener a su primer hijo: “Desde entonces, solo gracias a mi pareja estoy saliendo adelante”. Porque los empleados quedaron atrapados.
“A todos dos los trabajadores le dieron un permiso retribuido. Es decir, se les eximió de ir a su puesto y se les prometió que se les seguiría pagando. Pero no se les abona nada desde entonces y, como siguen dados de alta en la Seguridad Social, no pueden acceder a otro trabajo ni a la prestación por desempleo”, explica el abogado laboralista Juan Antonio Jiménez-Piernas, que representa a Beatriz Sanz, que aún no sabe tampoco si podrá recibir el permiso de maternidad. “Así que, por tanto,