Los profesionales de la Atención Temprana (psicólogos, pedagogos, logopedas, fisioterapeutas y técnicos), están llamados a la huelga el próximo 11 de junio en protesta por la presión asistencial que soportan. Cada año atienden y diagnostican a unos 4.100 niños, con edades de entre 0 y 6 años, de parálisis cerebral, trastornos por déficit de atención o problemas de lenguaje. «Se está atendiendo a una media de 115 a 120 usuarios en un centro acreditado para 70», se queja la Associació Valenciana de Atenció Precoç (AVAP).
El descontento del colectivo, la mayoría de centros concertados, no es reciente pero la última propuesta de la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat de atender a dos niños por plaza financiada con el objetivo de reducir las listas de espera, ha producido hartazgo.
En 2017, se puso en marcha un nuevo protocolo desde la Consejería de Sanidad y la propia consejería de Políticas Inclusivas «y se nos pidió colaboración para llegar a la eliminación de las listas de espera. En los centros se ha colaborado en todo momento, asumiendo una gran presión asistencial en los equipos, al repartir el tiempo de atención entre más niños», explica la Associació Valenciana d’Atenció Tremprana (AVAP).
Al aumento de menores atendidos se añade ahora, según denuncia el colectivo, los cambios en el modelo de financiación del servicio, pasando del pago por plaza al pago por sesiones directas realizados con el niño y su familia, «lo que afectaría a la calidad asistencial de los casi 50 centros repartidos por las tres provincias».
«No se trata solo de la atención al menor, también informamos, formamos y capacitamos a los familiares y personas del entorno del niño», señala una portavoz de la asociación, que reconoce la contribución de la Generalitat, que desde 2015 ha generado nuevos centros de Atención Temprana y ha aumentado las plantillas. «Pero lo que no podemos permitir es echar a perder años de progresos y desarrollo de una disciplina científica como es la AT», añaden.
Este colectivo está abierto a la negociación y a la colaboración con la Generalitat pero insiste en que los cambios que pretende la Administración «van en detrimento de un modelo de atención consensuado a nivel profesional e institucional que lleva más de 30 años en marcha y que ha demostrado ser eficaz».