Atravesar las puertas del albergue Tepeyac es viajar al México más conservador. En este refugio para embarazadas espera doña Amanda, la encargada, con un folleto en la mano que reza “Ayúdame a vivir” junto a la imagen de una gestante. Esta vieja casona católica en el centro de Xalapa, en Veracruz, ha visto pasar en los últimos años decenas de jóvenes embarazadas. “Algunas llegan acá con esas ideas… abortivas”, dice Amanda Martínez con el ceño fruncido al referirse a las residentes, entre ellas niñas de apenas de 10 o 12 años. “Pero con el tiempo se les pasa”, relaja el ceño.
A Tepeyac algunas chicas llegan por iniciativa propia. Otras, las menores de edad sobre todo, las envía la Secretaría de Salud de Veracruz, cuenta Martínez. “El DIF [Sistema de Desarrollo Integral de la Familia] y los hospitales ya saben de nosotros, entonces las traen directamente”, explica rodeada de imágenes de la virgen y el papa Francisco. Allí pasan los meses de preñez encerradas, solo salen a consulta médica y a misa. Unos 40 días después de parir, el albergue las devuelve al sistema de salud público, que a su vez, las manda a casa.
Parir no es la única opción que tienen esas niñas. La ley mexicana establece que todas las mujeres tienen derecho a abortar en caso de violación. Una norma ratificada en agosto por la Corte Suprema, que ha ordenado la obligación de los hospitales de brindar esa posibilidad a quienes lo soliciten. En el caso de las menores de 15 años, todos los embarazos deben entenderse como producto de un abuso sexual, ya que hasta esa edad no cabe el consentimiento de la relación sexual, según la legislación federal. Pero las menores que piden interrumpir su embarazo en Veracruz enfrentan un sinfín de dificultades.
Paula (nombre ficticio), de 13 años, es un ejemplo de lo que sucede en este Estado. Tras sufrir dos desmayos en el colegio, sus padres la llevaron el pasado 1 de marzo a un centro médico a las afueras de Xalapa.