Existe en Rabat un supermercado de una cadena francesa muy concurrido, en un barrio de clase media. La fachada principal tiene dos puertas. Una conduce a la tienda y otra, más pequeña y sin ningún letrero, lleva a través de una escalera hasta un sótano donde solo se venden bebidas alcohólicas. Todo el mundo sabe que la venta de alcohol a los musulmanes está prohibida. Así lo dictamina un decreto emitido en 1967. Y sin embargo, el negocio funciona a plena luz del día.
El desfase entre la ley y la calle se vuelve abrumador cuando afecta a las libertades individuales. El Código Penal contempla penas de un año para quienes mantengan relaciones sexuales fuera del matrimonio (artículo 490), dos años para los casados que cometan adulterio (491), tres años para quienes cometan “actos impúdicos” o “contra natura” con personas del mismo sexo (489) y hasta dos años de cárcel (artículo 454) para las mujeres que aborten.
Miles de personas se las saltan a diario. Pero esas leyes han permitido que la policía detuviese el sábado 7 de septiembre a la periodista Hajar Raissouni, de 28 años, en las inmediaciones de una clínica ginecológica. Está acusada de abortar, aunque ella y el doctor que la atendió aseguran que sufrió una hemorragia interna.
Además de la periodista fueron detenidos su pareja sentimental, el ginecólogo, su enfermero y la secretaria de la clínica. Todos ellos siguen en prisión a espera de que se celebre el juicio. Bajo el amparo de esa ley, las autoridades obligaron a Raissouni, una vez detenida, a someterse a una exploración médica en un hospital público, para determinar si había abortado. Los resultados médicos fueron debidamente filtrados a la prensa. Y el escándalo mediático no se hizo esperar. Muchas voces en las redes sociales vuelven a pedir la reforma del Código Penal y la derogación de los llamados “artículos liberticidas”.
Aïcha Akalay, directora del semanario marroquí Tel Quel, escribió: “Todos vivimos en la ‘ilegalidad tolerada’.