La violencia obstétrica existe. Existe, y ahora además ha dejado de ser invisible para la ONU. Dubravka Šimonović, Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer de Naciones Unidas, la hacía visible el pasado mes de julio en la Asamblea General con el informe Enfoque basado en los derechos humanos del maltrato y la violencia contra la mujer en los servicios de salud reproductiva, con especial hincapié en la atención del parto y la violencia obstétrica. Este documento, de apenas 26 páginas, supone el reconocimiento por parte del máximo organismo internacional de la existencia –y gravedad– de la violencia obstétrica, y analiza sus causas y sus consecuencias. Un reconocimiento histórico que para Ibone Olza, psiquiatra perinatal y directora del Instituto Europeo de Salud Mental Perinatal, es importante porque “desculpabiliza a las madres, valida sus experiencias, califica de “tortura” el realizar una cesárea o una episiotomía sin consentimiento y describe las formas de maltrato más habituales en el parto, especialmente el chantaje y cómo se minimizan o invisibilizan sus consecuencias”.
Una violencia tan normalizada que es invisible
En 2014, la Organización Mundial de la Salud publicaba un documento en el que denunciaba el trato irrespetuoso y ofensivo que recibían muchas mujeres durante el parto, e insistía en la importancia de establecer ciertas medidas de “control de calidad” en los centros de salud, así como la implicación de las propias mujeres, quienes a menudo no son conscientes de que determinadas actitudes o acciones forman parte de esa violencia invisible. En esto último incide la Relatora en el informe de la ONU: “La violencia contra las mujeres en el parto está tan normalizada que (todavía) no se considera violencia contra la mujer”, señala. Una violencia invisible, y no reconocida socialmente, que se oculta tras protocolos hospitalarios.
De hecho, el propio documento de la OMS aún no mencionaba el término “violencia obstétrica”, dos palabras que levantan ampollas entre muchos profesionales sanitarios pese a las innumerables denuncias de mujeres y organizaciones. Para Charo Quintana, ginecóloga y miembro del Comité́ Técnico de la Estrategia de Atención al Parto y Salud Reproductiva del Ministerio de Sanidad,