Los implicados en la trama de iDental «desviaron fondos» del grupo empresarial para comprar casas, vehículos de alta gama, una goleta y hasta una avioneta, según han concluido los agentes que investigan esta supuesta macroestafa millonaria, que dejó a decenas de miles de pacientes sin tratamiento, e impagos a cientos de trabajadores y proveedores. Según fuentes cercanas a las pesquisas, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía ha informado a la Audiencia Nacional de que los arrestados «descapitalizaron» las compañías durante años. Y algunos inmuebles bajo sospecha los adquirieron cuando se avecinaba su caída.
Los investigadores de la UDEF señalan, en primer lugar, a los dos fundadores de iDental, Vicente Castañer y Antonio Javier García Pellicer, a los que atribuyen la desviación de, al menos, más de un millón de euros de las cuentas del grupo —en colaboración con sus respectivas parejas, Lina S. y Beatriz M.—. Según los agentes, los dos fundadores gestaron desde 2014 un entramado empresarial compuesto por «multitud» de «sociedades interpuestas» de responsabilidad limitada, que dependía directamente de ellos y que tenía como compañía matriz a Dental Global Management.
El grupo ofrecía tratamientos odontológicos a personas de ingresos medios-bajos, a las que convencía gracias a «importantes descuentos» que ofertaba basados en supuestas subvenciones de las instituciones públicas —inexistentes, según denunciaron algunas acusaciones presentes en la causa—. «El objetivo de dirigirse a esta franja de población era captar fondos derivados de la financiación de los tratamientos bucodentales mediante créditos al consumo”, destacan los investigadores, que explican que iDental ejercía de intermediario entre los pacientes y las entidades financieras, como Santander Cosumer, BBVA y Banco Sabadell. Sin asumir ningún riesgo en estas operaciones.
Todo ese dinero, tras aprobarse el crédito, acababa en las arcas del grupo dirigido por Castañer y García Pellicer. Y esa es una de las pistas seguidas por los agentes. Tras analizar los ingresos de los imputados, la UDEF afirma que se producía un constante «movimiento de flujo de dinero» entre las distintas cuentas de los investigados y que determinadas transferencias podrían tener como objetivo «dificultar el seguimiento del dinero».