Jeringas, gomas, ampollas vacías, toallitas de alcohol usadas y cacerolas para diluir droga se esparcen por las vías del tren a su paso por la Mina. El material procede de la sala de venopunción que hay en este barrio de Sant Adrià de Besòs. A cada adicto que atienden en este centro público le entregan un sobre con dos jeringas nuevas y otros utensilios, una medida que ha conseguido reducir la transmisión de virus com el VIH y la hepatitis C. Pese a estos testimonios de consumo en las vías del tren o en descampados y plazas del barrio, Josep Maria Monferrer, veterano activista social de La Mina, lo tiene claro: “Si no fuera por la sala de venopunción, en la calle encontraríamos como mínimo diez veces más jeringas”.

Monferrer recuerda cuando en las décadas de los ochenta y noventa morían chavales que habían sido alumnos suyos cuando era maestro en el Colegio Tirso de Molina: “La sala de venopunción ha sido muy importante, antes se nos morían muchos jóvenes y el descenso de estas muertes ha sido drástico. Pero el barrio continúa siendo el vertedero de problemas de los demás”. La sala de consumo supervisado de drogas de Sant Adrià –su nombre técnico es Centro de Reducción de Daños, REDAN– es un servicio que los expertos destacan como fundamental para amortiguar las consecuencias del aumento del tráfico de estupefacientes en la zona tras el gran operativo policial contra narcopisos en el centro de Barcelona en 2018. “Los vecinos tienen la sensación de que ha habido un retroceso a los ochenta”, aseguró el pasado enero en el parlamento catalán el alcalde de Sant Adrià, Joan Callau.

Poco más de 3.900 personas utilizaron la sala de venopunción de la Mina en 2018, según datos aportados por Callau, el doble que en 2015 y más que las siete salas que hay en Barcelona juntas. El Departamento de Salud de la Generalitat indica que en 2017 se realizaron 124.709 consumos de drogas –esencialmente, de cocaína y de heroína– en los once centros de venopunción de Cataluña;

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