“Estamos en vilo”, dice Dolores Fernández, médica de primaria en El Gamonal (Burgos). Ahora tiene 53 años y después de haber sido interina, médica de área y otros destinos, hace un año consiguió una plaza en El Gamonal (Burgos). Pero es una de los 260 médicos de familia que aprobaron las oposiciones de 2016 en Castilla y León, y que ahora puede perderla. Una sentencia del Tribunal Superior de la comunidad ha anulado la prueba tras constatar que hubo que anular 17 de las 90 preguntas. Ello llevó a que se rebajara el aprobado de 45 a 41 aciertos. Pero uno de los afectados recurrió esa decisión, y ahora el fallo establece que “la Administración deberá elaborar un nuevo listado de aprobados teniendo en cuenta que la prueba se supera con 45 respuestas correctas”. Casi medio centenar (45) son los que obtuvieron entre 41 y 45 aciertos.
El gerente del Servicio de Salud de Castilla y León (Sacyl), Rafael López Iglesias, ha declarado a este periódico que respeta, pero no comparte el fallo, y que lo van a recurrir ante el Tribunal Supremo. Considera que la decisión de reducir el número de preguntas correctas que se exigían para pasar el corte para que fueran la mitad de las formuladas “era justa y facilitaba el acceso a una plaza en propiedad” ya que las bases establecían que había que aprobar el 50%, y al final en vez de 90 preguntas se hicieron 82 (a las 90 iniciales hubo que retirar las 17 impugnadas, pero se añadieron 9 que había en reserva). “El Supremo ya tiene sentencias en casos similares en las que falla que la prueba no se desvirtúa al bajar la nota de corte”.
“El perjuicio que ocasiona es grave y su repercusión en la asistencia sanitaria también lo es”, afirma Francisco V. Martínez García, presidente de la asociación de médicos de familia Semergen en Castilla y León. Ese medio centenar de aprobados representan el 1% de los facultativos de primaria de la comunidad, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad.