“Llevo dos años en lista de espera porque la unidad cierra tres meses al año y la sanidad privada garantiza resultados, pero me da rabia meterme en un préstamo para tener un hijo. Mi marido dice que paguemos”. El testimonio de una paciente de 35 años que exige anonimato y denuncia el retraso de 24 meses para someterse a la fecundación in vitro en el Hospital Torrecárdenas de Almería revela la impotencia ante una de las mayores listas de espera de la sanidad pública: la reproducción asistida.
El heterogéneo tratamiento a la infertilidad que dan las autonomías convive con el problema de la bajísima natalidad (1,35 niños por mujer) y contrasta con el liderazgo mundial de España en términos relativos de ciclos de reproducción —tratamientos completos— (175.016 en 2016), solo por detrás de Estados Unidos y Japón en números absolutos.
Los líderes políticos han prometido durante la campaña electoral medidas para que la natalidad remonte y paliar el envejecimiento de la población, pero una de las vías más rápidas (y costosas) para lograrlo encuentra escollos presupuestarios y éticos desde las Administraciones. Casi uno de cada 10 niños nacidos en 2016 fue concebido mediante reproducción asistida (37.503 bebés por 408.384 nacimientos), según la Sociedad Española de Fertilidad (SEF). La Organización Mundial de la Salud declaró la infertilidad como una enfermedad en 2010.
“Mejorar es relativamente simple, hay que dotar mejor las unidades [de reproducción asistida]. La realidad en política es de meses o años, y ningún partido se para a pensar en décadas. O se pone mucho dinero o nos quedamos como estamos y la gente se va a la privada”, critica Luis Navarro, presidente de la SEF. El primer escalón para tratar esta enfermedad suele ser una inseminación artificial (unos 500 euros), a la que sucede la fecundación in vitro (con un coste de unos 5.500 euros incluido el parto para el sistema público, según un estudio de la Universidad de Granada, hasta 8.000 euros a pagar por los pacientes en clínicas privadas).
De los 307 centros,