Un Alto Tribunal de Belfast ha declarado contrario a la Convención Europea de Derechos Humanos el tratamiento legal que aún se le da al aborto en Irlanda del Norte. La cuestión fue planteada ante la justicia por Sarah Ewart, de 29 años, después de que las autoridades norirlandesas se negaran a que pusiera fin a su embarazo. En 2013, los médicos le comunicaron que el feto no sobreviviría fuera del útero. Ewart tuvo que viajar hasta Londres para poder interrumpir su gestación.
“Se vio afectada por la legislación actual y tuvo que viajar para que se le practicara un aborto en condiciones desesperadas”, señaló la magistrada Siobhan Keegan, encargada de leer la sentencia.
Tras la traumática experiencia, Ewart ha liderado una campaña para tratar de que se cambie la legislación y que su caso sirva como ejemplo del trauma. El tribunal ha estimado que debe impedirse que otras mujeres pasen por el mismo “trauma y dolor” por el que tuvo que pasar Ewart.
Irlanda del Norte es, junto con Malta y Polonia, uno de los últimos países de Europa donde aún se aplican criterios muy restrictivos en los derechos reproductivos.
El caso había sido visto ya anteriormente por el Tribunal Supremo del Reino Unido, que en su momento dictaminó que se había violado la legislación europea en materia de derechos humanos pero no llegó a dictar sentencia por un error de forma. El alto tribunal de Belfast ha sostenido ese argumento, pero tampoco ha emitido un fallo definitivo. En su caso, porque está pendiente de entrar en vigor, a finales de octubre, la decisión aprobada por el Parlamento inglés el pasado mes de junio. Una mayoría de diputados decidió entonces que se impondría la vigente ley inglesa en Irlanda del Norte el próximo 21 de octubre si, para entonces, la Asamblea de Belfast seguía suspendida.
Más allá del conflicto social y legal que genera una legislación muy restrictiva, existe en este caso un doble problema político. En primer lugar, hace ya casi tres años que Irlanda del Norte no cuenta con un Ejecutivo o un Legislativo efectivo.