La entidad Planned Parenthood, fuente vital de servicios de salud sexual y reproductiva en Estados Unidos, se acaba de ver obligada a retirarse del programa de planificación familiar Title X, que apoya a mujeres de bajos ingresos. La decisión, que responde a una nueva norma de la administración del presidente estadounidense Donald Trump, prohíbe a las clínicas Title X referir pacientes para que se les realicen abortos. Esto costará a Planned Parenthood cerca de 54 millones de euros al año.
Esa pérdida se vuelve pequeña si se compara con los costes humanos que suponen limitar los derechos de la salud sexual y reproductiva (DSSR) al impedir que los pacientes manejen información médica crucial. Con todo, perder la financiación de Title X —que se habría usado para adquirir anticonceptivos, exámenes para detectar cáncer cervical y de mama, infecciones de transmisión sexual (ITS) y otros servicios de salud esenciales— es un duro golpe. Sin embargo, Planned Parenthood no está sola: en todo el mundo las organizaciones que protegen los DSSR enfrentan limitaciones financieras similares o peores.
La comunidad internacional sabe que los DSSR tienen grandes implicaciones para la salud y el desarrollo humano, incluidas la educación, la reducción de la pobreza y la igualdad de género. Así se refleja en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, adoptados por los líderes mundiales en 2015, que incluyen la meta de asegurar acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva para 2030.
Sin embargo, sin financiación suficiente, este objetivo no se podrá alcanzar. La prestación de servicios de salud generales en los países de ingresos bajos y medios se financia principalmente por donantes y, como señaló Pauline Irungu, representante de promoción y políticas de Kenia en la organización PATH, durante la conferencia Women Deliver de este año, existe una gran carencia de fondos para planificación familiar. Se estima que la brecha de financiación solo para eliminar muertes prevenibles de madres, niños y adolescentes llega a los 30.000 millones de euros.
Incluso los fondos actuales no están garantizados debido a factores que van desde la fluctuación de los tipos de cambio a las movidas agendas políticas.