El Ministerio de Asuntos Exteriores ha pedido un informe “urgente” a la Embajada de España en Kiev sobre “los fundamentos jurídicos que han motivado” la denegación del registro de varios bebés nacidos mediante la práctica de vientres de alquiler y asegura que consultará con Justicia sobre los mismos, según un comunicado remitido a este diario. El ministerio señala al departamento dirigido por Dolores Delgado porque la instrucción que abrió la posibilidad de inscripción de los menores, emitida por la Dirección General de los Registros y del Notariado de 2010, es del Ministerio de Justicia.
Varias familias aguardan desde diciembre en la capital ucrania para completar el proceso de inscripción de menores. El miércoles, hubo al menos tres que recibieron la negativa a inscribir a los niños. Este jueves les ha sido denegada a otras tres, según cuentan los afectados. Interfertility, agencia con la que varias parejas cerraron el contrato, estima que hay unas 30 parejas en la capital de Ucrania pendientes de una solución.
Exteriores no aclara, ni por escrito ni en conversación con este diario, de cuántas familias se trata ni por qué ha cambiado de criterio el Consulado de España en Kiev. El pasado enero, el encargado del Registro Civil Consular, Rodrigo de la Viña Muhlak, se reunió con las familias asegurando, según estas, que tendrían una solución y saldrían con los menores antes de que les caducaran los visados de turistas de 90 días. Algunos de los afectados se han concentrado este jueves ante el Consulado en Kiev y aseguran que se les impidió la entrada.
Ucrania lleva años como uno de los destinos principales para parejas españolas que recurren a los vientres de alquiler, una práctica que no es legal en España y que supone que una mujer gesta un bebé y cede la maternidad y paternidad a terceros. En este país del este solo está permitido para parejas heterosexuales casadas y que puedan acreditar la imposibilidad de tener hijos o que los embarazos son de riesgo. Y es uno de los lugares con más demanda porque el coste total que pagan las familias -entre 40.000 y 60.000 euros- es hasta la mitad de lo que cuesta en Estados Unidos.