De repente nos hemos enterado de que unos medicamentos muy populares en Estados Unidos y que muchos percibían como el Santo Grial contra el dolor tenían una cara oscura, tan oscura que han provocado la muerte de más de 400.000 personas en dos décadas. Son muchas muertes como para que pasaran desapercibidas durante tanto tiempo. ¿Cómo es posible que las agencias de salud pública y los sistemas de control de fármacos no detectaran el problema a tiempo de evitar unos estragos de tal magnitud?
Lo sucedido alerta sobre la escasa capacidad de la ciencia y de los servicios de salud pública para incidir sobre determinados problemas de salud cuando lo que predomina son las dinámicas del mercado. La irrupción de nuevos derivados de los opiáceos en los años noventa supuso un avance en el control dolor. Pero la facilidad de acceso a fármacos como el fentanilo de liberación rápida, que tiene un elevado potencial adictivo, unido a una cultura de escasa tolerancia, no ya al dolor, sino a la más mínima molestia física, y una publicidad agresiva por parte de las farmacéuticas hizo que se disparara el consumo hasta el extremo de que aún en 2015, cuando ya habían saltado todas las alarmas y se habían endurecido los controles, se prescribía una cantidad de opiáceos suficiente para mantener drogados a 320 millones de americanos durante tres semanas. Cuando se quiso poner coto al abuso y controlar la prescripción, millones de norteamericanos eran ya adictos. Floreció entonces un boyante mercado negro que alguien proveía y con la crisis, la cosa empeoró: aquellos que no podían afrontar los elevados precios pasaron a consumir directamente heroína.
En la macrocausa iniciada por este desastre se acusa a varias farmacéuticas y empresas distribuidoras de no haber ejercido el control que debían sobre el uso de sus productos. Ahí radica precisamente el problema: los encargados de combatir y prevenir los efectos adversos eran los mismos que hacían el gran negocio con el descontrol. Ahora, el juez federal que lleva el caso busca un acuerdo entre los Estados demandantes y las empresas imputadas que algunas fuentes sitúan en torno a los 50.000 millones de dólares.