El Gobierno continúa sin formalizar un protocolo para compartir información entre departamentos sobre el estado de salud de los inmigrantes que llegan de forma irregular. Esta cuestión fue clave en el caso de la muerte en 2011 de la congoleña Samba Martine, portadora de VIH, tras pasar 38 días en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche, en Madrid. Además de la supuesta negligencia de los sanitarios que la atendieron, que fue a juicio la semana pasada, la información sobre su enfermedad nunca se compartió con el centro.
A raíz de la muerte de Martine, el Defensor del Pueblo comenzó a demandar con urgencia y sin éxito un protocolo que garantice que los médicos de los CIE conozcan el historial médico y el tratamiento que requieren las personas que acaban allí internadas. El desconocimiento, defiende la institución, supone un riesgo para la salud del inmigrante y, en algunas situaciones, para la salud pública. Con más razón si se da el caso de que el recién llegado padece alguna enfermedad contagiosa.
La primera recomendación de la institución data de 2012 y hasta hoy no ha sido acatada. El Defensor continúa evidenciando en sus informes anuales la ausencia de un protocolo formal de derivación de inmigrantes que asegure que la información sobre su estado de salud no se pierda por el camino de un centro a otro.
El Defensor se refiere específicamente a los traslados desde los Centros de Estancia Temporal para Inmigrantes (CETI) de Ceuta y Melilla hasta los CIE de la Península. Para estas situaciones no existe un procedimiento formalizado y no es posible consultar, en soporte electrónico, los historiales médicos desde cualquiera de las instituciones por las que pasará el migrante. Ante la ausencia de un soporte digital, se opta por la fórmula más rudimentaria: el centro entrega a los inmigrantes y a los policías que los custodian un sobre con el certificado médico.
El sistema no convence al Defensor del Pueblo, que asegura todos los años que tiene evidencias de que el sistema de los sobres falla.