El número lo repiten una y otra vez muchas de las 1.200 personas que han acudido al 26º congreso de Harm Reduction International (HRI), un encuentro que aborda soluciones para reducir el daño de las drogas y que se celebra desde el domingo en Oporto. 14.000 millones. Está en boca de todos porque las políticas que apuestan por paliar los efectos de los estupefacientes y mantener a la población informada (en lugar de usar mano dura contra ellos) dependen radicalmente del dinero de este organismo.
¿Y por qué una organización que lucha contra las enfermedades infecciosas se preocupa por las drogas? Porque entre sus usuarios las tasas de VIH están disparadas: mientras que bajan en todo el mundo, suben entre quienes se inyectan opioides (uno de cada ocho es seropositivo) y sus parejas. También les azota la tuberculosis y, aunque no es la competencia directa del Fondo Global, el 80% de ellas tienen o han padecido hepatitis.
HRI, que ha invitado a EL PAÍS a cubrir su congreso, denuncia que solo un 1% de quienes se inyectan drogas viven en un país con buenos servicios de reducción de daños: acceso a material estéril, terapias sustitutivas de opioides, recintos seguros donde pincharse o, en el mejor de los casos, lugares donde examinen las sustancias para saber exactamente qué se están metiendo en las venas. Onusida calcula que son necesarios 1.500 millones de dólares (1.341 millones de euros) cada año para atender adecuadamente este problema. Los donantes internacionales aportan un promedio de 188, solo un 13%. Y esta cantidad está en riesgo si la reunión del Fondo Global de octubre en Francia no logra sus frutos. 14.000 millones.
Son necesarios 1.500 millones de dólares cada año para para reducción de daños por drogas. Los donantes internacionales aportan 188, solo un 13%
Marijke Wijnroks, directora de personal de este organismo multilateral, va de charla en charla en el congreso de Oporto con esta idea: “Necesitamos volver a la buena senda. Hemos hecho progresos en los últimos años,