Josué Quino cumplirá este año 34 años como paciente de VIH. Tres análisis de sangre le revelaron el diagnóstico de una enfermedad que en 1986 era sinónimo unívoco de muerte. Ensayos clínicos, cócteles de medicamentos y al menos cuatro crisis agudas forman parte de su bitácora de lucha contra la enfermedad, batallas a las que se ha sumado el reciente desabasto de antirretrovirales. “En todos estos años nunca había tenido el problema de que me faltara un medicamento, hasta este año. Lo primero que me dijeron fue que no tenían reactivos para hacerme mi conteo de (linfocitos) CD4, eso fue en febrero. En marzo me dijeron que no había llegado el medicamento”, relata el dramaturgo mexicano.
Lo que inició como un rumor en grupos de WhatsApp y redes sociales se confirmó en marchas de pacientes y denuncias en distintos Estados del país. Los primeros reclamos provenían de pacientes adscritos al Seguro Popular. El sistema de sanidad creado en la Administración del expresidente panista Felipe Calderón para atender a las personas no afiliadas a la seguridad social tiene un censo de 97.000 pacientes de VIH y sida. No obstante, Quino advierte que la escasez de fármacos también se vivió en los hospitales del Instituto Mexicano del Seguros Social (IMSS), problemática que le obligó a pedir «prestadas» las pastillas a otros pacientes. «Yo soy un ejemplo vivo de que en el IMSS hay desabasto”, zanja.Tras cuatro semanas de espera han llegado los medicamentos, pero la incertidumbre sobre si contará con el abasto para el resto del año prevalece en Quino.
A seis meses del Gobierno de López Obrador, el sector salud enfrenta un momento crucial. El 22 de mayo German Martínez renunció como director del IMSS, el instituto más grande de América Latina con 68 millones de derechohabientes. En su carta de despedida Martínez declara que los encargados de la Secretaría de Hacienda tienen “esencia neoliberal”, por lo que han primado los ahorros y el recorte del personal. Días más tarde, directores de institutos nacionales de salud, hospitales federales y centros de adicciones reconocieron que había millones de pesos del presupuesto gubernamental retenidos por Hacienda.