El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha levantado las medidas cautelares que impedían al Gobierno de Ada Colau desarrollar el proyecto de dentista municipal, después de que el Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos (COEC) denunciara que la creación de este servicio municipal suponía un daño irreparable para el resto de especialistas odontológicos.
La concejal de salud, Gemma Tarafa, se ha mostrado conforme con la sentencia del TSJC y ha anunciado que el proyecto continúa tomando forma: “El dentista municipal será una realidad durante el primer trimestre de 2021”.
En la sentencia, el tribunal recuerda que la Autoridad Catalana de la Competencia valoró positivamente el proyecto y descartó que haya una manifiesta falta de competencia del Consistorio para poner en funcionamiento esta nueva actividad económica destinada a atender a personas sin recursos. El juez advierte que el COEC no ha justificado los perjuicios económicos que les supondrán el proyecto y destaca que estos inconvenientes, en el caso que se produjeran, serían contra empresas concretas y no contra el colegio profesional.
El dentista municipal atenderá a unas 36.000 personas al año con precios que serán un 40% más baratos que los del mercado privado.