Es difícil imaginar el dolor que debieron de sentir miles de madres en todo el mundo a partir de la década de los 50 cuando comprobaron que sus hijos, que en principio debían haber nacido perfectamente sanos, llegaban al mundo con graves malformaciones congénitas. La razón no estaría clara hasta unos años más tarde, pero sacudiría por completo la industria farmacéutica: se trataba de la talidomida, un medicamento que había sido comercializado sin receta y presentado como un remedio milagroso y seguro para los problemas del sueño y para las náuseas durante el embarazo.
Más de setenta años después del primero de estos alumbramientos, el Tribunal Supremo español publicaba la inadmisión de un recurso de casación presentado por la principal representación de las víctimas del fármaco en cuestión, y con ello extinguía la última vía judicial en la que ha sido su principal batalla en los últimos años. El mensaje era claro: el fallo de la Audiencia Nacional al que se refería el recurso es válido, lo que significa que no hay un plazo máximo para que los afectados reciban las indemnizaciones legalmente fijadas por los daños que llevan sufriendo desde el primer día de sus vidas.
Pero es que, además, mientras las víctimas siguen esperando respuestas y unas compensaciones que no llegan,