La crisis de la COVID-19 está teniendo un serio impacto en la salud y en la seguridad de las mujeres. Ellas asumen el mayor coste físico y emocional y tienen mayor riesgo de contagio por su continua exposición al virus. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a escala mundial, las mujeres representan alrededor del 70% de las personas que trabajan en la atención al público en los sistemas sanitarios y sociales.
Pero además de las consecuencias causadas directamente por la enfermedad, las mujeres sufren también la dificultad de acceder tanto a los servicios básicos de salud sexual y maternal (de hecho, las embarazadas temen por su salud a la hora de asistir a los controles y pueden quedar sin atención médica suficiente y sin compañía en los partos) como a programas preventivos de cáncer de mama, debido a la redirección de las necesidades médicas esenciales.
La mayor parte de los cuidados
Asimismo, las mujeres, en general, asumen la mayor parte de los cuidados. Incluso antes de la COVID-19, realizaban el triple de trabajo doméstico y de cuidados no remunerado que los hombres. En la actualidad, las mujeres empleadas en el sector formal que tienen hijas o hijos se debaten entre su empleo (si lo pueden conservar), el cuidado infantil, la educación en el hogar, el cuidado de personas mayores y el trabajo doméstico.
En peor situación todavía se encuentran las mujeres que trabajan en la economía informal, muchas de ellas migrantes, que pueden quedarse sin empleo y sin ingresos económicos. Los hogares encabezados por las mujeres son particularmente vulnerables.
La violencia contra las mujeres es una lacra en todas las sociedades y puede aumentar cuando hay tensión en los hogares por problemas relativos a la seguridad, la salud y la economía, sumada a las condiciones propias de confinamiento.
ONU Mujeres señala que las denuncias por violencia se han triplicado en algunos países en los que se tomaron medidas de confinamiento y expresa preocupación por las mujeres con mayor riesgo de violencia,