La metáfora del día de la marmota comienza a estar muy gastada para explicar el sentimiento de los ciudadanos ante el confinamiento, pero en esa repetición monótona de los días se encuentra también el Gobierno, que no ha conseguido solucionar ninguno de los graves problemas que ya se detectaron cuando decretó el estado de alarma, hace seis semanas. Un bucle que le obliga a permanecer en posición de defensa y que no le permite marcar la agenda porque, hasta cuando toca dar alguna buena noticia, que son las menos, los anuncios quedan oscurecidos por las dudas sobre su gestión, por los problemas de comunicación y por la sensación de que, detrás de cada esquina, se esconde una nueva trampa.
Falta de material
España es el país del mundo con más sanitarios contagiados, por encima de los 37.000. Desde el primer día de la crisis, los profesionales denunciaron que no contaban con mascarillas, equipos de protección y batas. El Ministerio de Sanidad, que centralizó las compras, se movió con lentitud, dejó pasar pedidos y, cuando quiso acelerar, descubrió que China se había convertido en un mercado persa donde todos los países del mundo querían comprar. El material sanitario llegó a España tarde y mal: había mascarillas defectuosas que se tuvieron que devolver y se adquirió a precios desorbitados y a través de proveedores que en algunos casos son de dudosa solvencia (empresas con apenas empleados o sin licencia de importación), según se ha sabido esta semana, después de que el Ministerio de Hacienda tuviera que recordarle al de Sanidad la obligatoriedad de hacer públicos los contratos tras ocultarlos durante un mes. Por si fuera poco, el Consejo General de Enfermería de España presentó el jueves una querella ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y contra el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y varios cargos de su departamento,