Tres casos de gestantes menores de edad han puesto en la mira la capacidad del Estado peruano de informar y atender el aborto terapéutico, el que se realiza para salvar la vida de la mujer o evitarle un mal grave y permanente. Aunque en el país sudamericano el aborto terapéutico es legal desde 1924, su reglamentación es muy reciente —de 2014— por lo que el personal médico evitaba su aplicación. Hasta el propio Ministerio de Salud reconoce problemas en la capacitación del personal que debe involucrarse en el procedimiento.
Una adolescente de 13 años murió el pasado día 5 después de haber dado a luz y haber entrado posteriormente en coma en un hospital de Ica, al sur de Lima. La Superintendencia Nacional de Salud (Susalud) está investigando lo ocurrido, pero aún no han hecho público un informe. Cinco días después, la madre de otra gestante de la misma edad, abrumada porque desde principios de año su hija había tenido que ser hospitalizada varias veces de emergencia y no le daban un diagnóstico de los dolores constantes y complicaciones, dijo al canal de televisión Latina que en ningún momento le habían informado de la posibilidad de un aborto terapéutico. “Solo le ordenaron reposo absoluto”, comentó al canal y a comisionados de la Defensoría del Pueblo.
A mediados de mes, la Defensoría dijo en un comunicado que el Hospital Rebagliati —de titularidad estatal— vulneró los derechos fundamentales de la menor. “No se le brindó a ella ni a su familia”, subrayó en un comunicado, “información oportuna sobre la posibilidad de que acceda a un aborto voluntario por indicaciones terapéuticas de un embarazo de hasta 22 semanas”.
Desde 2014, Perú cuenta con un protocolo que hace viable el aborto terapéutico antes de las 22 semanas de gestación, ante diez condiciones de salud específicas y una adicional: “Cualquier otra patología materna que ponga en riesgo la vida de la gestante o genere en su salud un mal grave y permanente”. No existe la posibilidad del aborto en casos de violación.