La situación era muy complicada y el miércoles se convirtió en imposible. Un grupo de desconocidos armados atacó un centro de tratamiento del ébola gestionado por Médicos Sin Fronteras (MSF) en Butembo, localidad de la República Democrática del Congo (RDC) situada en la provincia de Kivu del Norte. Una zona del este del país fronteriza con Uganda. Murió un policía y desaparecieron siete pacientes que portan la enfermedad y 32 sospechosos de padecerla. Entre los casos confirmados, ocho se quedaron en sus habitaciones, según destacó el Ministerio de Sanidad congoleño. Además se produjeron incendios en algunas instalaciones del complejo y en varios vehículos.

El ataque no era el primero que sufrían las ONG. El 24 de febrero, otro centro para tratar esta epidemia también fue atacado por otro grupo no identificado, aunque el Gobierno congoleño rápidamente señaló que los milicianos de la guerrilla Mai-Mai eran los culpables. A su vez, este grupo insurgente lucha contra otros colectivos rebeldes del este del Congo que quieren hacerse con el poder de las ricas zonas minerales de esa parte del gigantesco país.

Una guerrilla, el ejército congoleño, otros grupos rebeldes, una epidemia de ébola y los servicios sanitarios intentando controlarla. Una combinación que se rompió por el lado más débil: Médicos Sin Fronteras anunciaba que cesaba su actividad y abandonaba a los enfermos. «No solo se han arriesgado las vidas de los miembros de nuestro personal, sino que también se han puesto en peligro a las personas más vulnerables, los pacientes», explicó el responsable de la Unidad de Emergencias de MSF, Hugues Robert, quien destacó que, como personal médico, es «muy doloroso» dejar a los pacientes y a sus familias en un momento «tan crítico» en la respuesta del virus del ébola.

Un brote que se ha convertido en el segundo más importante de la historia tras el que azotó a Sierra Leona, Guinea y Liberia entre 2014 y 2016,

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