El pasado sábado el presidente del Gobierno anunció la paralización la actividad económica del país. Pedro Sánchez tomó una de las decisiones más importantes de la historia de España después de escuchar los informes de los epidemiólogos que le alertaron de que si no se restringían todavía más los movimientos de la población era muy probable que las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de 9 de las 17 comunidades, el último muro de contención contra la pandemia, colapsaran por el aluvión de nuevos infectados , llevando al país al abismo de una crisis sanitaria y asistencial todavía mucho mayor.
Ante esa perspectiva que le dibujaron los expertos del Ministerio de Sanidad, Sánchez mandó hibernar a la economía española sin consultar ni a las comunidades, que son las administraciones que gestionan esos recursos, y sin pedir informes actualizados de cómo las diferentes autonomías están tratando de gestionar esta situación extrema. El jefe del Ejecutivo se fió al 100% de lo que el jefe de Emergencias de Sanidad, Fernando Simón, le dijo.
Sin embargo, la situación de las UCI es muchísimo más compleja , y sobre todo opaca, de como la dibuja Simón, empezando por el hecho de que en plena crisis del coronavirus es imposible saber cuántas camas de UCI reales existen después de que la mitad de las autonomías hayan anunciado que cuentan con nuevas plazas, cuya calidad y estándares es un verdadero arcano.
Las autonomías dicen haber doblado su capacidad en UCI en plena crisis mundial de material
Por lo pronto, ninguna autonomía reconoce, tal y como insiste Sanidad, que sus unidades estén al límite del colapso. Ninguna de las nueves comunidades que según los datos recopilados por este periódico, superan el 50 % de sus ocupaciones en UCI (Castilla-La Mancha, Madrid, Cataluña, Navarra, La Rioja, Castilla-León, Cantabria, País Vasco y Aragón) se plantea a día de hoy pedir el traslado de enfermos a otras regiones a pesar de que el ministerio de dirige Salvador Illa insiste en que sigue estudiando esta opción.