Siendo conscientes de que los verdaderos héroes en la lucha contra el coronavirus son el personal sanitario, los miembros del sistema logístico, los trabajadores de los supermercados, las panaderías o las fruterías, el personal de limpieza y los investigadores, los economistas tenemos la responsabilidad de ayudar a propiciar una rápida recuperación económica.
La semana pasada, Dinamarca anunció su fórmula para evitar la temida «Gran Depresión» provocada por el COVID-19: exigir a las empresas que no despidan trabajadores a pesar de que producción ahora está paralizada. A cambio, el Estado será el que asuma los salarios de esos trabajadores durante el periodo de cierre. El objetivo es claro: dejar las empresas listas y preparadas para volver a estar al 100% de la capacidad cuando la normalidad vuelva.
Esta medida es precisamente la que se ha tomado en España. Los famosos Expedientes de regulación de empleo temporal (ERTE) consisten en una suspensión del contrato de trabajo, por la cual la empresa no tiene que pagar el salario ni la cotización a la Seguridad Social y el trabajador no prestará servicios.
No obstante, el trabajador recibirá un subsidio a cargo de la Seguridad Social del 70% de su salario. Esta suspensión del contrato se mantendrá solamente hasta que lo haga la situación de cierre y de estado de alarma.
Compromiso de las empresas
Y aquí viene la parte pensada para la recuperación económica rápida: por un lado, para poder acogerse a esta medida, la empresa debe comprometerse a no despedir a ningún trabajador por razones económica o productivas en los seis meses siguientes. Por otro, durante el Estado de alarma se desincentivan los despidos aumentando la indemnización que la empresa debe pagar al trabajador.
¿Por qué es tan importante mantener el nivel de empleo? Los trabajadores desempleados, debido a sus menores ingresos y a la incertidumbre sobre el futuro, consumen menos. Ese menor consumo implica una menor demanda de productos y servicios en el mercado,