El marco legal de la gestación subrogada en Canadá es citado con frecuencia en distintos países por un elemento específico: su carácter altruista. La Ley canadiense sobre la protección asistida, vigente desde marzo de 2004, estipula que está prohibido el pago de un salario a la madre portadora (quien debe tener 21 años de edad como mínimo), así como la intermediación y la publicidad con fines de lucro. Los culpables se exponen a una pena máxima de diez años de prisión y una multa de 500.000 dólares canadienses (unos 325.000 euros). Sin embargo, el modelo canadiense está afrontando un cambio de envergadura.
El pasado 26 de octubre, el Ministerio de Salud de Canadá presentó un reglamento para clarificar los gastos que las madres portadoras pueden solicitar como reembolso. Pese a que la remuneración está prohibida en el país, la ley indica que las mujeres que se ofrecen como voluntarias para esta práctica pueden pedir que ciertas cantidades les sean devueltas. La reglamentación hace referencia a “gastos aceptables”, pero no precisa bajo qué conceptos específicos, por lo que cada caso era distinto de acuerdo con el contrato firmado entre las partes.
El nuevo reglamento propone, entre otros puntos, que la madre portadora pueda gozar del reembolso por gastos de transporte, jurídicos, por ropa de maternidad y de pagos a aseguradoras. Asimismo, puede solicitar que le sea cubierto un monto de su salario que haya dejado de percibir por asuntos vinculados con el embarazo. Para estos efectos, debe presentar las facturas, los comprobantes de paga laboral y el informe de un médico. La nueva reglamentación de estos reembolsos entrará en vigor una vez que se hagan ajustes tras un periodo de consultas públicas que concluyó ayer, 10 de enero.
Precisar qué tipo de gastos pueden ser devueltos ha sido un asunto solicitado por distintos actores políticos y sociales desde hace algunos años. No obstante, permitir que las madres portadoras reciban un monto económico por llevar a cabo esta práctica y autorizar la compra y venta de esperma y óvulos (algo que también prohíbe la ley),