Italia empezó 2017 con una crisis de salud pública. Con las tasas de cobertura vacunal en mínimos, el sarampión irrumpió con fuerza en el país, que ha registrado desde entonces 7.500 caos y una docena de muertes. Fue un serio aviso de lo que podía pasar con otras enfermedades si no se revertía la creciente influencia del movimiento antivacunas. El parlamento regional del Véneto, por ejemplo, aprobó en 2007 una ley que dejaba sin efecto la obligatoriedad de inmunizar a los niños frente a cuatro enfermedades (tétanos, difteria, polio y hepatitis B). Una obligatoriedad que ya era relativa ante la falta de medidas que forzaran a los padres a vacunar realmente a sus hijos.
El Gobierno Italiano respondió al envite con una medida inédita en Europa: ampliar la obligatoriedad a 10 vacunas y, esta vez sí, aplicar un paquete de medidas para asegurarse que los niños eran inmunizados, con multas previstas para aquellos padres que se negaran.
El caso italiano ha despertado el interés en toda Europa, como pudo comprobarse en el congreso Escaide 2018, organizado por el Centro Europeo de Control y Prevención de Enfermedades (ECDC) en Malta el pasado mes de noviembre. Domenico Martinelli, investigador en Higiene y Salud Pública de la Universidad de Foggia, presentó allí un detallado trabajo de las dificultades y los resultados obtenidos con la medida.
Pregunta. ¿Tan mala era la situación a principios de 2017?
Respuesta. Muy peligrosa. La tasa de cobertura vacunal contra el sarampión a los siete años de edad era del 82%, cuando el objetivo es el 95%. Muchas vacunas habían caído cinco, seis o siete puntos en pocos años. El sarampión era un aviso de lo que podía pasar con otras enfermedades.
P. ¿Qué hizo el Gobierno?
R. Una ley que declaró ese verano obligatorias 10 vacunas y diseñó un plan para cumplirlo.
P.¿Con qué medidas?
R. Primero había que identificar, con la ayuda de las escuelas y los servicios de vacunación, a los niños no inmunizados. Para ello era necesario disponer de un registro informatizado,