El hecho se produjo el 6 de abril de 2016 en una comunidad rural de la provincia central de Cuscatlán. Hernández comenzó a sentir dólares abdominales y fue a la letrina de su casa, donde sufrió un fuerte sangrado y perdió el conocimiento. La joven, que entonces tenía 18 años, había sido víctima de sucesivas violaciones durante meses, pero nunca puso las denuncias por las amenazas a las que fue sometida, ni sospechó que estaba embarazada. Su defensa alega que había tenido un embarazo asintomático. La madre la trasladó a un hospital local, donde los médicos determinaron que había sufrido un aborto. Dado lo estricto de las leyes salvadoreñas, tuvieron que avisar a las autoridades y un grupo de policías se trasladaron hasta su vivienda, donde hallaron el cuerpo del bebé de 32 semanas de gestación. La autopsia estableció que falleció a causa de una “neumonía aspirativa”. Los abogados de Hernández alegaron que nació muerto.
La reanudación del juicio estaba prevista para el 15 de julio, pero fue pospuesto porque la Fiscalía no contaba con el testimonio de una perita que realizó la valoración al cadáver, explica Bertha Deleón, miembro del equipo que defiende a la joven. Hernández enfrenta el proceso en libertad, después de haber estado en prisión durante 33 meses a pesar de que se había anulado en 2018 la sentencia en su contra. Un tribunal local decretó en febrero su salida del penal de la capital, San Salvador, en el que se encontraba. La defensa espera que el juez establezca en esta ocasión su libertad definitiva. “Las pruebas no tienen ningún elemento directo para establecer el dolo con el ánimo de matar”, explica a EL PAÍS la abogada Deleón. La Fiscalía argumenta que la joven tiró al bebé a la letrina con vida y que falleció por los químicos que aspiró en el lugar.
El caso de Hernández no es ni mucho menos único en el país centroamericano: al menos 16 mujeres siguen apresadas tras ser condenadas por crímenes relacionadas al aborto: por sufrir complicaciones obstétricas o abortos espontáneos,