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Así, por ejemplo, una silla de ruedas, cuyo coste oscila entre los 300 y los 3.600 euros aproximadamente, supondría en el peor de los casos un desembolso de 20 euros. O lo que es lo mismo, entre el 0,5 y el 6,6 por ciento del valor total de la silla, dependiendo de sus características. En el caso de un audífono –suelen estar entre los 600 y los 3.500 euros–, el porcentaje a pagar por parte del usuario estaría comprendido entre el 0,5 y el 3,3 por ciento del valor del producto. Aunque aún no están definidos los ortoprotésicos que no estarán incluidos en la categoría de aportación reducida, las muletas serán previsiblemente uno de ellos, al no aparecer en el anexo de precio reducido. El sistema de aportación en este caso se hará, al igual que en el copago farmacéutico, en función de la renta. Así, trabajadores que ganen entre 18.000 y 100.000 euros anuales –la mayoría– aportarán un 50 por ciento del precio del producto, con un máximo de 40 euros por prescripción. Los que tengan un renta anual inferior a 18.000 euros abonarán un 40 por ciento del coste del ortoprotésico, con un límite máximo de 30 euros.
Mayor renta, mayor copago
Los pensionistas pagarán como norma general el 10 por ciento del precio de oferta del producto que precisen y el límite de aportación estará fijado en 30 euros por prescripción. Todo aquel cuya renta esté por encima de los 100.000 euros anuales –ya tenga condición de trabajador o de pensionista– estará sujeto a un copago del 60 por ciento del coste, si bien en este apartado ni el real decreto ni el borrador de la orden determinan ningún límite máximo de aportación por parte del usuario. Teniendo en cuenta que el precio de una muleta oscila entre los 15 y los 60 euros aproximadamente, la mayoría de los trabajadores debería pagar entre 7,5 y 30 euros por una o 40 euros si compra las dos. En el caso de los pensionistas, el coste estaría entre 1,5 y 6 euros como máximo. Para las rentas más altas, obtener una muleta supondría entre 9 y 36 euros. Todos los implantes quirúrgicos y demás productos que no sean de dispensación ambulatoria quedarán exentos de este copago. Tampoco pagarán nada los parados de larga duración, las rentas de inserción, las pensiones no contributivas, las personas con discapacidad beneficiarias del sistema especial de prestaciones previsto en el artículo 12 de la Ley 13/1982, los afectados por el síndrome tóxico o las víctimas de un accidente laboral.
Aunque es probable que los detalles de este nuevo sistema de aportación del usuario en productos ortoprotésicos se discuta entre el departamento que dirige Ana Mato y las comunidades autónomas en el próximo Consejo Interterritorial de Salud –se celebrará en la sede ministerial el jueves 20 de diciembre–, aún habrá que esperar varios meses para que estas medidas se pongan en marcha. El motivo, según explicó un portavoz de Sanidad a este diario, es que faltan por concretar muchos aspectos relativos a los productos y los precios de la cartera ortoprotésica. «En la actualidad, cada región va por su cuenta y existen diferencias muy sustanciales entre comunidades, tanto en las prestaciones que se dan como en los precios que se aplican». Así, se dan casos en los que el coste de un mismo producto, una silla de ruedas por ejemplo, varía en más de 1.000 euros en función de la autonomía en cuestión. Asimismo, mientras que algunas regiones ya cobraban a los pacientes por las prestaciones ortoprotésicas, en algunas comunidades estos productos aún no tenían ningún coste para el usuario.
Según aseguró el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad el pasado mes de noviembre, la entrada en vigor de este catálogo unificado supondrá además un ahorro estimado para las arcas públicas de más de 53 millones de euros. Para lograr esto, el Sistema Nacional de Salud (SNS) fijará unos precios máximos de financiación para cada producto, a los cuales deberán adaptarse las empresas proveedoras. Según se especifica en el borrador sólo serán financiables por el SNS los productos ortoprotésicos incluidos en esta oferta. «En el caso de los productos a medida, se financiarán todos aquellos que respondan a la denominación genérica del correspondiente tipo de producto», dice el documento.
