Recurrir a un vientre de alquiler está prohibido en España, pero ocurre porque hay familias que se desplazan a países como Ucrania, Estados Unidos, Canadá o Rusia —previo pago de decenas de miles de euros y con la ayuda de agencias intermediarias— donde sí es legal acceder a la también llamada gestación subrogada o por sustitución por la que una mujer gesta un hijo y cede su maternidad y paternidad a otras personas. Son cerca de un millar de familias españolas las que acuden cada año a esta práctica. Después inscriben a los bebés en los consulados y embajadas en virtud de una resolución administrativa que se aprobó en 2009 para no dejar desamparados a los menores y que se ha convertido en la puerta de acceso. Un documento interno del PSOE ofrece fórmulas para intentar atajar esta práctica en España con castigos a los intermediarios y con restricciones a ese registro de los bebés. El Gobierno español, contrario a los vientres de alquiler, no tiene la regulación entre sus planes a corto plazo, según una portavoz de Vicepresidencia.
España forma parte del grupo de países más restrictivos con esta práctica junto con Alemania, Francia, Austria o Italia, entre otros. Junto a ellos hay otros en los que se permite y en los que se practica con demandantes internacionales. La dificultad es poner límites a una práctica para la que no existe un marco legal común internacional y que, a diferencia de otras, termina con un menor a las puertas de un consulado por el que hay que velar. Esa es la vía de entrada en España, donde se permite inscribir a los bebés que sean hijos biológicos de alguno de los progenitores españoles tras la aprobación de una resolución de la Dirección General del Registro y del Notariado en 2009.
El informe sobre los dilemas éticos y jurídicos de la gestación por sustitución, elaborado a petición del Consejo Asesor de Políticas de Igualdad del PSOE, propone dejar sin efecto la citada resolución,