Una de cada diez cocinas, comedores y cafeterías en centros de educación no secundaria y parques infantiles inspeccionados en 2018 y 2019 en la ciudad de Madrid tuvo una nota desfavorable, según datos conocidos este jueves. Un total de 121 espacios de este tipo de los 1.112 inspeccionados fue apercibido. El Ayuntamiento dice que ninguna deficiencia compromete la salud de forma tan grave como para conllevar el cierre. Los datos han sido obtenidos por la organización de transparencia Civio.
Los suspensos no implican sanciones y son más bien una llamada de atención para evitar brotes de enfermedades transmitidas por los alimentos. Son motivados por factores de riesgo como la limpieza, la temperatura, deficiencias en los equipos o un diseño del local que no garantiza la seguridad del producto. Son deficiencias frecuentemente corregidas de forma inmediata, según un portavoz municipal del área de familias e igualdad. Muchos centros afectados por las malas evaluaciones tienen instalaciones antiguas y por lo general sus notas desfavorables son corregidas tras una renovación de equipos o una obra, según esta fuente municipal.
Los casos más preocupantes son los de diez centros reincidentes. Según el portavoz del Ayuntamiento, algunos centros están a la espera de acometer esas reformas. Los diez reincidentes son seis centros privados (el colegio institución del Divino Maestro, el colegio Santa María La Blanca, el colegio Sagrado Corazón de Jesús, las escuelas infantiles Zwergerland, Woody y la escuela Waldorf de Aravaca), y cuatro centros públicos (los colegios públicos Juan de la Cruz y Fernández Moratín, y las escuelas infantiles El Sol y El Encinar). Los dos colegios públicos dependen de la Comunidad de Madrid y las dos escuelas infantiles del Ayuntamiento.
Las inspecciones son hechas por Madrid Salud, dependiente del Ayuntamiento, y se refieren al período entre enero de 2018 y junio de 2019.
Transparencia
Es la primera vez que conocemos el resultado de inspecciones de espacios que sirven comida en Madrid, a pesar de que en otras ciudades desarrolladas es una información que las autoridades publican de forma proactiva. La organización Civio consiguió los datos de por la vía de la Ley de Transparencia de 2013 que reforzó el derecho de acceso a la información pública.