Cansado de ir de despacho en despacho, de que le reciban presidentes de la Generalitat y consejeros de sucesivos gobiernos. De que le muestren apoyo y le den palmadas en la espalda pero no resuelvan nada, el alcalde de Sant Adrià del Besòs, Joan Callau, acudió este jueves al Parlament para exponer a los partidos políticos (JuntsxCat, ERC, Catalunya en comú, Ciutadans y PSC) la situación extrema que vive el barrio de La Mina como consecuencia de la pobreza y el tráfico de droga y para pedir ayuda. En recursos y presión policial.
“Hemos dado marcha atrás hacia los años 80. Nos tienen que ayudar”, manifestó. “Nos negamos a ser los especialistas en pobreza y drogas del área metropolitana, no está escrito en ninguna parte que este sea el destino de una ciudad, es como un alud que nos ultrapasa mucho”, exclamó. “Tenemos la sensación el convencimiento de que a todo el mundo fuera de Sant Adrià le conviene que los problemas estén en La Mina”, remachó y recordó que el barrio se creó para realojar a barraquistas de Barcelona.
La presión de la droga sobre La Mina (10.400 habitantes de los 37.000 del municipio) es tremenda: en 2017, los usuarios de la sala de venopunción fueron casi 2.000 frente a los 2.100 de la sala Baluard, en el barrio del Raval de Barcelona o 3.700 en toda la ciudad. “Diez mil vecinos soportan una presión por el consumo de drogas muy superior a la de Barcelona, que tiene 1,6 millones de habitantes”, alertó el alcalde. En la última década, los usuarios de la sala de venopunción del barrio se han multiplicado por cinco; los consumos, por diez. El 67% de los toxicómanos atendidos en La Mina son de Barcelona y solo el 2,5% vecinos de Sant Adrià. Y otro dato de la situación de emergencia: cada día en calles y parques de la zona se recogen 93 jeringuillas.
El retrato con datos de la realidad socioeconómica del barrio que presentó Callau es también demoledor.