El Ministerio de Sanidad ha decidido apretar por primera vez el botón rojo que le permite vetar el aumento del precio de un medicamento no sujeto a financiación pública. Lo ha hecho con el Fortasec, un popular antidiarreico que desde 2012 ha multiplicado 3,2 veces su precio y al que Johnson & Johnson pretendía aplicar un nuevo incremento. Una caja de 20 cápsulas del medicamento valía 2,81 euros en 2012 y hoy cuesta 8,95 euros. La de 10 pastillas ha subido en este mismo periodo de 1,89 a 5,95 euros. Cada año se venden en España 2,2 millones de unidades de Fortasec.
La Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos celebrada el 8 de febrero rechazó el incremento propuesto por Johnson & Johnson al considerar que va contra “la necesidad de garantizar la igualdad de acceso a los medicamentos por los pacientes”. La empresa tiene ahora un plazo para presentar alegaciones. “Estamos estudiando internamente los siguientes pasos, aún no hemos tomado ninguna decisión”, afirma un portavoz de la compañía.
El Fortasec forma parte de los fármacos llamados “desfinanciados”, las 417 medicinas que el Ministerio de Sanidad decidió excluir de la financiación pública en 2012. La medida se justificó por la necesidad de ahorrar 450 millones de euros anuales en plenos recortes por la crisis, aunque también se alegó que muchos de ellos habían dejado de presentar un perfil beneficio-riesgo favorable. En su mayoría se trata de medicamentos muy conocidos, como jarabes para la tos (Flutox, Mucosan, Fluimucil…), antinflamatorios en pomada (Voltarén, Calmatel…), antiácidos (Almax) y antidiarreicos como el Fortasec. Sanidad solo mantuvo la financiación pública en unas pocas indicaciones, como por ejemplo los mucolíticos en enfermos de bronquitis crónica y los laxantes en casos de diverticulosis (protuberancias en el interior del colon).
Estos fármacos, también llamados de “precio notificado”, quedaron en una situación intermedia entre los financiados —de precio regulado— y los de venta libre, como las vitaminas. El nombre de “notificado” se debe a que los laboratorios deben comunicar al ministerio cualquier cambio de precio que deseen aplicar.